SignosMediaLa reciente segunda vuelta presidencial deja al Perú ante un escenario político de extrema complejidad. Los resultados evidencian problemas estructurales que el Estado peruano ha ignorado sistemáticamente durante décadas. Pilar Arroyo, socióloga y miembro del Instituto Bartolomé de Las Casas, analiza este fenómeno en la edición de junio de la Revista Signos. Su evaluación revela una democracia profundamente herida por la polarización y la exclusión.
La crisis de representatividad no es un fenómeno reciente. Es el resultado de un desgaste progresivo que se manifiesta en cada proceso electoral. El país enfrenta desafíos urgentes para poder mantener la estabilidad de su sistema democrático.
El panorama exige una lectura crítica que vaya más allá del conteo de votos. La división geográfica y social del país requiere respuestas políticas contundentes. Sin embargo, la clase política parece incapaz de proponer soluciones reales.
Durante más de 20 años, un sector mayoritario exige reconocimiento, respeto e inclusión. Estas demandas ciudadanas se manifestaron claramente en las elecciones de 2006, 2011, 2016, 2021 y 2026. A pesar de su urgencia, las peticiones fueron respondidas de la peor manera posible. Según un análisis de la BBC Mundo sobre la política nacional, el "terruqueo" se ha convertido en una táctica recurrente para invalidar legítimos reclamos sociales en el Perú.
Esta respuesta agresiva apela constantemente al racismo y al temor al comunismo. Las élites no hacen el mínimo esfuerzo por comprender las demandas ciudadanas. Como resultado, las brechas entre Lima, el Norte y el resto del país se han profundizado.
La responsabilidad de esta fractura no recae exclusivamente en los actores políticos. El empresariado, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y las redes sociales también son responsables. Todos ellos han contribuido a estigmatizar a quienes exigen cambios estructurales.
En una democracia funcional, las elecciones permiten que las mayorías decidan el rumbo nacional. No obstante, el Perú sufre una grave anomalía desde hace un buen tiempo. Actualmente, no son las mayorías, sino las minorías las que asumen la conducción del país.
Los datos electorales confirman esta preocupante crisis de representación política. Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta apenas recibieron el respaldo del 17.9% del total del padrón electoral. El próximo Congreso también carece de apoyo masivo, ya que apenas obtuvo el voto del 25% del padrón.
Esta anomalía estadística debilita seriamente la legitimidad de origen de los representantes elegidos. Tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento iniciarán sus funciones con un fuerte déficit de respaldo ciudadano. Esto dificulta la gobernabilidad y facilita futuras crisis institucionales.
En la política electoral, los sentimientos que definen los resultados suelen ser el miedo y la esperanza. En esta segunda vuelta peruana, ciertamente ha sido el miedo el factor predominante. La gran mayoría de los ciudadanos no decidió su voto por convicción ideológica.
Quienes apoyaron a Keiko Fujimori lo hicieron principalmente por temor al comunismo. Temían la influencia de figuras como Antauro Humala o la instauración de modelos similares a los de Venezuela o Bolivia. En contraste, quienes votaron por Roberto Sánchez también actuaron a la defensiva. Tal como indica el diario El País en su cobertura regional, los electores peruanos son forzados continuamente a elegir el mal menor por temor al adversario.
Los votantes de Sánchez temían profundamente la instauración de un segundo fujimorato en el país. Les preocupaban las consecuencias que esto traería para la democracia y la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, la esperanza de un proyecto integrador estuvo ausente en las urnas.
Cualquiera que resulte ganador oficial iniciará su mandato con el rechazo de la mitad del país. El cuadro provisional de resultados por provincia muestra de manera clara la inmensa fractura territorial existente. Gobernar bajo estas condiciones exigirá una enorme capacidad de negociación.
El nuevo gobierno deberá abandonar las imposiciones. Resulta vital construir una alternativa política que alimente verdaderamente la esperanza ciudadana. El Perú necesita consolidar un Estado que incluya a todos los ciudadanos por igual.
Este proyecto debe priorizar la justicia social y la igualdad de oportunidades. Además, tiene que garantizar el respeto absoluto a la diversidad cultural y política del país. Sin este esfuerzo de integración, la próxima crisis democrática será inevitable.
Texto escrito con información del artículo “Algunas apreciaciones sobre la segunda vuelta”, de Pilar Arroyo, socióloga y miembro del Equipo de Reflexión Política del IBC, en la Revista Signos.
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