SignosMediaLa ofensiva sobre Irán volvió al centro del debate internacional cuando Washington anunció un alto al fuego parcial, mientras seguían las negociaciones y los intercambios militares. Donald Trump insistió en que la confrontación podía cerrarse pronto, aunque la información de prensa mostró una secuencia de ataques, treguas frágiles y nuevas acusaciones entre las partes. El resultado ha sido un conflicto que cambia de nombre, pero no desaparece.
Más que una guerra con un solo argumento, el caso iraní ha reunido varias justificaciones para una misma lógica de fuerza. Primero, se habló de amenaza nuclear inminente; luego, de defensa preventiva; después, de contención regional y hasta de cambio de régimen. Esto revela que la ofensiva no se sostuvo sobre una sola amenaza verificable, sino sobre un relato que fue ampliándose conforme avanzaban los hechos.
El problema de fondo es jurídico y político. El derecho internacional solo admite el uso de la fuerza en 2 supuestos muy concretos: defensa propia ante un ataque armado o autorización del Consejo de Seguridad. Cuando se invoca el artículo 51 de la Carta de la ONU, la necesidad y la proporcionalidad no son opcionales, son límites obligatorios.
En la versión inicial, Trump afirmó que la ofensiva buscaba neutralizar una amenaza nuclear inmediata. Poco después, funcionarios de su entorno defendieron la acción como un ejercicio de defensa frente a una agresión inminente. El problema es que esas explicaciones cambiaron rápido y no siempre coincidieron entre sí.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que los objetivos eran limitados y que buscaban impedir que Irán obtuviera armas nucleares. En cambio, otras declaraciones del mismo Trump habían sugerido que la capacidad nuclear iraní ya había sido destruida por completo. Esa diferencia no es menor, porque altera el relato sobre urgencia, magnitud y eficacia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, además, anunció el 5 de mayo el fin de la ofensiva estadounidense contra Irán, apoyándose en una carta enviada por Trump al Congreso. Sin embargo, diferentes medios reportaron que el cese de hostilidades seguía siendo inestable y sujeto a nuevas tensiones. Esa contradicción refleja un conflicto que se declara terminado antes de estarlo realmente.
El artículo 51 de la Carta de la ONU autoriza la autodefensa sólo “si un ataque armado ocurre”. Esa redacción es precisa y no deja mucho espacio para la improvisación. Por eso, invocar una amenaza futura o hipotética no equivale automáticamente a una autorización legal para bombardear un Estado soberano.
Diversos análisis jurídicos han recordado que la autodefensa debe responder a necesidad y proporcionalidad. Si la respuesta militar busca destruir una capacidad potencial, pero no detener un ataque ya ocurrido, el umbral legal se vuelve mucho más difícil de sostener. En otras palabras, no basta con decir que algo podría pasar.
La ONU ha reiterado que la fuerza no puede usarse como método de presión política. Ese principio vale incluso cuando un gobierno afirma actuar por seguridad nacional.
Más allá del lenguaje oficial, la ofensiva parecía orientada a modificar el equilibrio de poder en Asia occidental. El texto base menciona la intención de debilitar el arsenal de misiles iraní, su marina y su apoyo a grupos armados en la región. Eso ya no es solo defensa; es una estrategia para rediseñar el tablero regional.
También apareció la idea de presionar un eventual cambio de régimen. Esa narrativa, muy visible en declaraciones políticas, sugiere que la ofensiva no se limitó a frenar una amenaza concreta. Más bien, buscó alterar la capacidad de decisión de Irán y condicionar su futuro interno.
Reuters informó que Irán y Estados Unidos recibieron un plan para terminar las hostilidades, con una posible reapertura del estrecho de Ormuz. Pero ese tipo de salida muestra otra cosa: el cierre no llegó por una victoria clara, sino por una negociación frágil. Cuando una guerra se detiene por cálculo diplomático, suele quedar abierta la posibilidad de reanudación.
El costo humano de la ofensiva fue alto y no se limitó a militares, miles de muertes entre libaneses e iraníes, además de bajas estadounidenses e israelíes. También se han documentado nuevas rondas de fuego y represalias, lo que confirma que el conflicto siguió produciendo víctimas incluso en momentos de supuesta desescalada.
Ese dato obliga a mirar el conflicto con más cuidado. Cuando una ofensiva se presenta como preventiva, pero termina prolongando la violencia, la justificación inicial pierde credibilidad. Además, la población civil suele pagar el precio más alto, con desplazamientos, miedo y destrucción de infraestructura.
Amnistía Internacional ha denunciado en otros momentos graves violaciones de derechos en Irán, especialmente durante la represión interna. Eso no vuelve válida una intervención externa sin respaldo de la ONU. La protección de derechos no puede servir como excusa automática para violar otros derechos.
La principal lección es que una guerra puede sostenerse con varias narrativas, pero no con una base jurídica sólida. El relato de la amenaza nuclear, la defensa preventiva y el cambio de régimen no logran, por sí solos, superar la prohibición general del uso de la fuerza. Por eso, el debate no debería centrarse solo en cuándo terminó la ofensiva, sino en si alguna vez estuvo bien justificada.
También queda claro que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel no se resuelve solo con anuncios. El cese seguía bajo presión, con denuncias cruzadas y nuevas respuestas militares.
En términos diplomáticos, la salida sigue siendo la misma que al inicio: negociación, verificación y límites claros. Cuando la fuerza se usa sin un marco aceptado por la comunidad internacional, la ofensiva puede terminar, pero la justificación sigue abierta. Y mientras esa justificación no se cierre, el conflicto también queda vivo.
Texto escrito con información del artículo “Irán y las justificaciones para una ofensiva que no termina”, de Mayte Dongo Sueiro, internacionalista PUCP, en la Revista Signos.
