SignosMediaLas recientes elecciones generales en Perú han representado un reto significativo para la ciudadanía. En un contexto marcado por reformas normativas, una alta desaprobación institucional y una oferta política fragmentada, el electorado tuvo que afrontar varios obstáculos para ejercer su derecho al voto. A pesar de esas dificultades, los resultados y el comportamiento ciudadano durante la jornada han dejado lecciones importantes sobre cómo se decide y se ejerce el voto hoy en el país.
El escenario político previo no fue alentador. El Congreso implementó cambios que complicaron el panorama electoral. Se eliminaron, en la práctica, las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (las “PASO”), que hubieran ayudado a reducir el número de partidos, y se mantuvo el voto preferencial. Esto derivó en un proceso más denso tanto para los candidatos como para los electores.
Asimismo, la desaprobación del Congreso rondaba el 87% a inicios de año, consolidándolo como una de las instituciones más cuestionadas del país. Esa distancia entre representantes y representados se reflejó en una campaña donde el desinterés inicial fue la regla. Según datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), hasta enero el 45% de los electores no había decidido su voto, cifra que bajó a 36% en febrero y a 23% a una semana de los comicios.
Uno de los principales retos de la elección fue el material de votación. Como consecuencia de las reformas introducidas por el Parlamento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó una cédula extensa y compleja para elegir presidente, senadores, diputados y representantes andinos. Esta cédula llegó a tener 12 columnas e incluyó fotos presidenciales junto a símbolos partidarios, lo que dificultaba su lectura rápida.
Sin embargo, a pesar de este diseño complejo, el porcentaje de votos blancos y nulos (16.7%) resultó ser menor que en las elecciones de 2021 (18.7%), cuando la cartilla era más sencilla. Ese resultado sugiere un esfuerzo ciudadano por informarse y marcar correctamente, incluso frente a una oferta confusa. Las campañas educativas de la ONPE, sumadas a iniciativas de activismo ciudadano que crearon aplicaciones para guiar el voto, jugaron un papel central en evitar que el error anulara la voluntad del elector.
Esta mejora en la calidad del voto emitido evidencia que, cuando se brindan herramientas, la ciudadanía está dispuesta a aprender y a ejercer un voto válido. Muestra también un deseo de influir en la composición del Parlamento y de tener mejores opciones de representación.
El momento en que los peruanos decidieron su voto también confirma la volatilidad del proceso. Una encuesta poselectoral del IEP reveló que el 43% de los electores tomó su decisión en la última semana, con un 18% haciéndolo el mismo día de la votación. Aunque esta cifra es ligeramente menor al 50% registrado en la elección de 2021, sigue mostrando a un electorado que posterga su elección hasta el último momento.
El perfil de los indecisos tardíos también aporta datos relevantes. Quienes prefirieron decidir su voto al final fueron, mayoritariamente, residentes de zonas rurales, mujeres y personas con menor nivel educativo. Estos grupos suelen enfrentar mayores barreras de acceso a información de calidad o a debates políticos formales, lo que dificulta su decisión.
El dato también advierte a los partidos que las campañas tradicionales no siempre logran fidelizar al votante desde temprano. Con un porcentaje tan alto decidiendo al final, los últimos días de campaña, los debates y los errores de los candidatos cobran un peso desproporcionado.
El día de la elección registró algunas incidencias logísticas, especialmente con la apertura de mesas en Lima. A pesar de ello, la participación nacional se mantuvo en un nivel adecuado, alcanzando aproximadamente el 75%, cifra considerada alta por la ONPE en sus reportes de jornada.
Si bien la participación ha mostrado una tendencia a disminuir a lo largo de los años, esto obedece a factores estructurales y no solo al desinterés. La migración interna sin cambio de DNI, el crecimiento de la población mayor de 70 años (con voto facultativo) y un esquema de multas escalonadas según pobreza desde 2006 explican parte de ese ausentismo. Cuando estos factores se cruzan con una oferta electoral poco atractiva, es previsible que una parte del padrón no acuda a las urnas.
A pesar de estas barreras, el electorado que sí asistió envió un mensaje claro. Las agrupaciones que impulsaron reglas para favorecerse y buscaron la reelección no encontraron respaldo masivo. Solo tres de ellas lograron asegurar su retorno al hemiciclo a través de la votación nacional para el Senado. La ciudadanía, aun con una cédula difícil y dudas hasta el final, usó su voto como herramienta de evaluación.
Texto escrito con información del artículo “….”, de Hernán Chaparro, profesor del departamento de Comunicaciones de la PUCP, en la Revista Signos.
