El ciclo de conversatorios de la iniciativa «Voces Construyendo País», organizado por el Instituto Bartolomé de Las Casas y el Instituto de Estudios Peruanos, analizó la crisis socioambiental amazónica. Durante el encuentro virtual, investigadores y líderes comunitarios evaluaron el deterioro de los ecosistemas fluviales.
La Amazonía abarca el 12% del territorio del bioma panamazónico. Asimismo, la cuenca concentra el 20% de las reservas mundiales de agua dulce. Sin embargo, la minería informal y la deforestación destruyeron entre el 17% y el 18% del bosque tropical.
¿Cuáles son los principales desafíos políticos y territoriales?
Según el investigador Raúl Asensio, la región atraviesa la pérdida de su eje estructurante tras 50 años de hegemonía petrolera. La caída de la producción de hidrocarburos no fue sustituida por industrias formales consolidadas. Por lo tanto, se aceleró la urbanización en ciudades como Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Puerto Maldonado. (Ver Presentación del Investigador Raúl Asensio – IEP)
Pese a esta densidad urbana, la cooperación internacional destinó 35 000 000 de dólares en 2024 prioritariamente hacia agendas rurales. Esta asignación presupuestal oficial es monitoreada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) dentro de sus compromisos climáticos.
Esta desatención de la agenda urbana facilitó la aparición de agrupaciones conservadoras con discursos extractivistas en zonas periféricas. Además, la desconexión ciudadana se reflejó de forma drástica en los últimos procesos electorales. La abstención y los votos nulos alcanzaron el 38% a nivel nacional, pero superaron el 50% en la Amazonía. En departamentos como Loreto, la no participación electoral llegó al 56%, mientras los candidatos ganadores obtuvieron sólo el 11% de los votos.
¿De qué manera enfrentan las comunidades locales la contaminación hídrica y el avance extractivo?
En la ciudad de Iquitos, la lucha por el agua potable registra más de 10 años de demandas legales promovidas por asentamientos humanos de Punchana. El representante de la Vicaría del Agua, Paulo Díaz Sevillano, expuso la vulnerabilidad de la población ante un caño a cielo abierto. Este canal recibe desechos del camal municipal y de establecimientos de salud. Aunque el Tribunal Constitucional del Perú declaró un estado de cosas inconstitucional en 2023, las autoridades responden únicamente con cisternas esporádicas. (Ver Presentación de Paulo Díaz Sevillano – Vicariato de Iquitos)
En el Alto Amazonas, las comunidades rurales del Valle del Shanusi sufren el impacto del monocultivo de palma aceitera instalado en 2005. La dirigente Jovina Chilcón Rojas denunció la contaminación de 13 quebradas y la pérdida del mercado familiar de alimentos. Sin embargo, la organización comunitaria reforestó la cuenca de la quebrada Yanayacu para recuperar especies hidrobiológicas nativas. Esta vigilancia hídrica responde a los estándares promovidos por la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos comunitarios.
Por su parte, la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central documentó el estado hídrico de 25 comunidades en Chanchamayo y Satipo. El líder Clinton Sánchez Tomás explicó la protección ancestral de 2 a 46 ojos de agua por comunidad mediante flora nativa. Sin embargo, la expansión de monocultivos de exportación como el kion degrada los suelos y genera conflictos territoriales. Además, la empresa estatal de saneamiento instaló tuberías de 10 pulgadas sin consulta previa en tierras indígenas. (Ver Presentación de Clinton Sánchez Tomás – CECONSEC)
¿Cuáles son las estrategias de resistencia frente a la minería ilegal en la cuenca amazónica?
En Madre de Dios, la dirigente Nadia Pacaya Grifa destacó la defensa comunal de la cuenca del río Las Piedras por 7 comunidades nativas. Este afluente representa la última cuenca hidrográfica no contaminada por la extracción aurífera en la región. Para frenar invasiones irregulares, las comunidades implementaron veedurías forestales, monitores de mercurio y recolección sostenible de castaña. (Ver presentación de Nadia Pacaya Grifa – COINBAMAD)
En la frontera norte, la cuenca del río Cenepa en Amazonas enfrenta una incursión extractiva con 40 dragas informales en operación. Además, existen 24 concesiones mineras activas en la Cordillera del Cóndor. El presidente de ODECOFROC, Dante Sejekam Espejo, denunció la presencia de redes delictivas e inseguridad en la zona. Por ejemplo, la nación Awajún constituyó policías comunales en Huampami y Tutino para destruir maquinaria ilícita e impulsar el cultivo de cacao. (Ver presentación de Dante Sejekam Espejo – ODECOFROC)
La violencia contra los defensores del territorio provocó el fallecimiento de al menos 37 líderes ambientales en el Perú. Los registros oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirman la urgente necesidad de mecanismos de protección efectiva. La falta de infraestructura y la distancia geográfica aumentan la desprotección de las poblaciones nativas. Por lo tanto, las organizaciones indígenas exigen un saneamiento físico-legal de tierras y el cese definitivo de las concesiones mineras no autorizadas.
Un llamado a detener la desarticulación del ecosistema amazónico
Durante el cierre del conversatorio, el padre Peter Hughes, calificó a la Amazonía como un territorio invadido por industrias extractivas y economías ilegales. Asimismo, denunció la violencia desencadenada por la minería ilegal, la cual cobró la vida de al menos 37 defensores ambientales en el Perú. Finalmente, citó las conclusiones del Sínodo Amazónico para exigir un cambio urgente en las políticas económicas oficiales.
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