En medio de los cuestionamientos surgidos tras las Elecciones Generales 2026, tres exdefensores del Pueblo pidieron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que expongan públicamente los motivos de la aceptación de la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En su pronunciamiento, sostienen que cualquier alteración del proceso puede afectar la legitimidad democrática y la confianza ciudadana.
El documento también pide al Jurado Nacional de Elecciones que resuelva los pedidos de revisión de actas en trámite con apego estricto a la Constitución y la ley. Además, exhorta a las fuerzas políticas a respetar los resultados y a dirigir cualquier controversia por vías institucionales.
La discusión no se reduce a un aspecto administrativo. También toca un asunto más amplio: la debida motivación de las decisiones del Estado, un requisito central del debido proceso reconocido por la Constitución peruana y por el Tribunal Constitucional.
El pronunciamiento de los exdefensores
Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar afirmaron que la voluntad popular expresada en las urnas debe respetarse en su integridad. Según su pronunciamiento, reabrir, fragmentar o alterar el acto electoral vulneraría la igualdad del voto y dañaría la confianza pública.
Los firmantes advierten, además, que la renuncia del jefe de la ONPE fue una decisión no prevista para esta etapa del proceso. Por eso, consideran que su aceptación inmediata por la JNJ exige una explicación pública.
El pronunciamiento agrega que las irregularidades detectadas sí deben investigarse, pero con rapidez y rigor. No obstante, aclara que no se han acreditado evidencias de fraude que comprometan la validez global del proceso electoral.
¿Por qué el JNJ debe dar explicaciones?
La motivación de una resolución no es un formalismo menor. El artículo 139, inciso 5, de la Constitución establece la obligación de motivar por escrito las resoluciones judiciales, con mención expresa de la ley y de los hechos que las sustentan.
El Tribunal Constitucional también ha precisado que una decisión debe remitirse a la norma aplicable y a las razones fácticas y jurídicas que justifican el fallo. Ese estándar es importante cuando la decisión proviene de un órgano colegiado. En esos casos, la ciudadanía necesita saber no solo qué se decidió, sino por qué se decidió así. La transparencia en la motivación protege la imparcialidad y limita el ejercicio arbitrario del poder.
El debate, por tanto, no se reduce a la renuncia de una persona. También involucra la obligación de una entidad estatal de explicar sus actos con claridad jurídica. Sin una motivación suficiente, la confianza en el sistema electoral se debilita.
¿Qué puede pasar si no hay sustento?
El Código Procesal Constitucional señala que un recurso de amparo procede frente a resoluciones firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. En términos simples, la Constitución ofrece mecanismos de control cuando una decisión vulnera derechos básicos.
También existe una dimensión institucional. Si la JNJ no publica o no fundamenta adecuadamente su resolución, crece la sospecha sobre su corrección jurídica. En ese escenario, el reclamo no sería político, sino constitucional.
Las exigencias dentro del pronunciamiento
Los exdefensores formularon 3 exhortaciones concretas. Primero, pidieron a la JNJ que motive públicamente los fundamentos de su decisión y respete la autonomía operativa de la ONPE. Segundo, solicitaron al JNE resolver los pedidos pendientes con estricto apego a la Constitución y la ley.
Tercero, llamaron a las fuerzas políticas a respetar los resultados electorales y a no trasladar la controversia fuera de las vías institucionales. Ese punto busca cerrar la puerta a salidas improvisadas que solo aumenten la tensión pública.
El pronunciamiento, además, refuerza una idea básica en tiempos de crisis: la legitimidad democrática depende tanto del voto como de las reglas que lo protegen. Cuando esas reglas se perciben débiles, el sistema entero pierde estabilidad.
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