Transcurridas dos semanas de los comicios regionales y municipales, el panorama político en el Perú refleja una profunda distancia entre el Estado y los territorios. Los ciudadanos acudieron a las urnas en un clima de marcada polarización social.
Sin embargo, el veredicto electoral no disipó el descontento acumulado en el interior del país. Por el contrario, consolidó un mapa político fragmentado que pone a prueba la capacidad de diálogo del nuevo gobierno central.
El malestar en las provincias
En sus reportes oficiales periódicos, la Defensoría del Pueblo documenta cerca de 200 conflictos sociales vigentes en el territorio nacional. La mayoría de estas discrepancias corresponde a demandas socioambientales vinculadas con la actividad minera y energética.
La distribución geográfica de los conflictos confirma que las mayores fricciones se localizan fuera de la capital. Loreto encabeza la conflictividad nacional con 24 casos registrados, seguido por Puno con 21 y Áncash con 16 casos. Estas cifras demuestran que las demandas de los pueblos amazónicos y andinos continúan postergadas por las autoridades de turno. Por lo tanto, el nuevo ciclo político hereda compromisos desatendidos que podrían derivar en nuevas paralizaciones.
A esta complejidad se suma una proliferación desmedida de candidaturas generada por reformas a la legislación electoral. En los procesos del año compitieron 37 agrupaciones en el nivel general y 150 movimientos regionales y municipales. Dicha dispersión desarticuló la representación cívica e intensificó las campañas de confrontación. En lugar de ofrecer soluciones programáticas, los aspirantes politizaron los reclamos preexistentes. Finalmente, las comunidades exigen ahora que los gobernadores electos demuestren un compromiso genuino con sus localidades.
Oportunidades para reconstruir el tejido democrático
Superar la crisis de representación requiere trascender el calendario electoral y consolidar una vigilancia cívica permanente. La ciudadanía no debe asumir un papel de simple espectadora frente a las autoridades recién proclamadas. Los colectivos sociales, colegios profesionales y mesas de concertación deben fiscalizar el uso de los fondos públicos desde el primer día de gestión. La rendición de cuentas sistemática resulta indispensable para prevenir desvíos de corrupción administrativa.
El combate contra el crimen organizado y el narcotráfico representa otro desafío urgente para las nuevas administraciones. Según los sondeos de opinión, el 67% de la población percibe que el país pierde la batalla frente a la delincuencia. Esta inseguridad generalizada afecta especialmente a los pequeños comerciantes y productores agrarios de las provincias. Por esta razón, los comités de seguridad ciudadana deben integrar a las rondas campesinas y juntas vecinales organizadas.
El reto fundamental radica en transformar la protesta comunitaria en propuestas viables de desarrollo productivo y protección ambiental. Cada ciudadano, dirigente barrial y autoridad elegida comparte una responsabilidad ineludible en el rescate institucional del país. Finalmente, la cohesión comunitaria será el motor decisivo para construir una democracia inclusiva, eficiente y con justicia territorial.
¿Qué rol jugará la cooperación técnica en la gestión de conflictos?
Las entidades especializadas en mediación pacífica coinciden en que los canales de diálogo deben institucionalizarse formalmente. Las mesas de desarrollo no deben instalarse únicamente después de que estallen paros o bloqueos de carreteras. Es imperativo crear observatorios territoriales de alerta temprana que atiendan los pedidos comunales a tiempo. De esta forma, el Estado evitará el desgaste social que producen los enfrentamientos violentos.
La capacitación técnica de los nuevos equipos municipales será determinante para ejecutar los presupuestos asignados. Con frecuencia, los recursos del canon quedan paralizados por deficiencias burocráticas en los expedientes de inversión pública. Mejorar la calidad del gasto social devolverá la credibilidad a las instituciones descentralizadas. Por consiguiente, una administración transparente y dialogante fortalecerá la paz social en cada rincón del Perú.
Nota escrita con información del texto de Guiselle Padilla Sancho, politóloga PUCP y especialista en diálogo para la conflictividad social y gestión de proyectos sociales.
