Rosa VelaLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a colocar al Perú en el centro del debate regional sobre los derechos humanos. Durante una audiencia pública del sistema interamericano, organizaciones de la sociedad civil expusieron preocupaciones sobre el funcionamiento reciente de la Defensoría del Pueblo del Perú, institución clave para la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La audiencia se realizó en el marco del 195 Período de Sesiones de la CIDH. En este espacio, organizaciones presentaron información sobre el desempeño de la Defensoría y los desafíos actuales para la preservación de su autonomía institucional dentro del sistema democrático peruano.
Organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como miembros de la CIDH, señalaron que la Defensoría ha experimentado un proceso de debilitamiento progresivo. Según los representantes, este proceso se relaciona con cambios institucionales recientes y con una falta de independencia en la conducción de la institución.
La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú de 1993. Su función principal consiste en supervisar la actuación de la administración pública y defender los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas.
Según explica su portal institucional, esta entidad actúa como un mecanismo de control democrático, capaz de recibir denuncias, emitir recomendaciones y promover estándares de derechos humanos.
Su rol también se vincula con los estándares internacionales establecidos por los Principios de París, un conjunto de normas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas para garantizar la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos.
De acuerdo con las Naciones Unidas, estos principios establecen que las instituciones nacionales deben actuar con autonomía, pluralismo y capacidad técnica en su labor de supervisar el respeto de los derechos fundamentales.
Entre los temas expuestos se mencionaron cuestionamientos al proceso de elección del actual titular de la institución en 2023. Según las organizaciones representadas, el proceso adoleció de transparencia y de una evaluación certera de la idoneidad de los postulantes.
El Estado peruano, representado por el propio defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, sostuvo durante la audiencia que la designación se realizó conforme al marco constitucional vigente. Asimismo, reiteró la importancia del sistema interamericano de protección de derechos humanos y expresó su disposición a colaborar con los mecanismos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó, a su turno, la importancia de que las instituciones nacionales de derechos humanos mantengan independencia y capacidad técnica para cumplir su mandato.
Uno de los puntos más relevantes expuestos durante la audiencia fue la solicitud de revisión del estatus de acreditación “A” de la Defensoría del Pueblo ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).
Este mecanismo internacional evalúa si las instituciones nacionales cumplen con los estándares de independencia establecidos por los Principios de París.
Según explica la propia GANHRI, la acreditación “A” permite que estas instituciones participen activamente en el sistema internacional de derechos humanos y presenten informes ante organismos multilaterales.
Las organizaciones que participaron en la audiencia señalaron que la revisión del estatus permitiría evaluar el grado de cumplimiento de dichos estándares.
Por su parte, el Estado peruano defendió la legitimidad de la institución y reafirmó su compromiso con el sistema interamericano.
Durante la audiencia, la CIDH anunció su intención de realizar una visita al país en el segundo semestre de 2026. Este tipo de visitas forma parte de los mecanismos de monitoreo del sistema interamericano.
Según explica la CIDH, durante una visita la comisión se reúne con autoridades estatales, organizaciones sociales y víctimas para evaluar directamente el estado de los derechos humanos. Las visitas permiten, por tanto, recopilar información independiente que luego se incorpora en informes regionales o temáticos.
Las organizaciones presentes valoraron este anuncio y señalaron que contribuiría a un análisis más amplio de la situación institucional peruana.
Algunos sectores han solicitado, además, que la CIDH evalúe la inclusión del Perú en el Capítulo IV.B de su informe anual, un apartado que examina situaciones de especial preocupación en materia de derechos humanos.
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