PODCAST: Los desaparecidos en el conflicto armado interno ¿Por qué importan tan poco?

Las sombras invisibles: Los desaparecidos del conflicto armado interno en Perú (1980-2000)

La historia de violencia más horrorosa que vivió el Peru en toda su historia republicana la inició el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) cuando le declaró la guerra al Estado peruano al comenzar, su "lucha armada", el 18 de mayo de 1980. El enfrentamiento entre los grupos subversivos -con la entrada posterior de otros actores violentos como el MRTA y el Comando Rodrigo Francio- y las fuerzas del Estado dejó un saldo devastador de muerte y desaparecidos.

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), presentado el 28 de agosto de 2003, la cifra más probable de víctimas fatales asciende a 69,280 personas muertas o desaparecidas. Este número es casi tres veces superior a las estimaciones oficiales previas al trabajo de la Comisión.

Estas líneas, así como la entrevista desarrollada para este edición de nuestro Podcast, se centra en las personas desaparecidas, una de las violaciones más graves y persistentes de derechos humanos durante el conflicto. La CVR documentó miles de casos de desapariciones forzadas, principalmente atribuidas a los agentes del Estado y, en menor medida, a los grupos subversivos. Estas desapariciones no sólo representaron un crimen de lesa humanidad, sino que generaron un dolor prolongado para miles de familias, que -en su mayoría- eran de origen campesino, indígena y de muy escasos recursos, que incluso, hasta hoy,  buscan el paradero de sus seres queridos.

Basado principalmente en el Informe Final de la CVR —un documento histórico de nueve tomos que recopiló más de 17,000 testimonios y analizó exhaustivamente el periodo—, este texto también examina los avances en materia de reparaciones en los últimos 15 años (2010-2025), un periodo marcado por progresos institucionales, pero también por lentitud y por enormes deudas pendientes. 

El contexto del conflicto y las cifras de la CVR

La CVR, fue creada en 2001 por el gobierno de transición de Valentín Paniagua y ampliada por Alejandro Toledo. Su mandato consistió en esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 por todos los actores del conflicto. Su Informe Final concluyó que el conflicto fue desencadenado directamente por la decisión del PCP-SL de iniciar la violencia armada, en un contexto de profunda exclusión social, discriminación étnica y debilidad estatal.

Las conclusiones generales del Informe destacan con absoluta claridad:

-Magnitud: 69.280 muertos y desaparecidos, con un pico de violencia entre 1983 y 1992.

-Responsabilidades: El PCP-SL es responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas (aproximadamente 31,331), mientras que las fuerzas del Estado (Ejército, Policía y grupos paramilitares) lo son del 37%. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es responsable de un porcentaje menor.

-Perfil de las víctimas: El 75% de las víctimas fatales tenían como lengua materna el quechua u otras lenguas nativas. La mayoría provenía de zonas rurales pobres, con bajos niveles educativos y marginadas del desarrollo nacional. Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac y Huánuco concentraron el 85% de las víctimas.

En cuanto a las desapariciones, la CVR registró inicialmente alrededor de 8,558 casos reportados, pero estimaciones posteriores, cruzadas con testimonios y datos forenses, elevaronn la cifra a más de 20,000 personas desaparecidas, muchas de ellas víctimas de detenciones arbitrarias seguidas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas. La Comisión identificó 4,644 sitios potenciales de entierro, de los cuales solo una fracción ha sido investigada.

Casos emblemáticos ilustran la brutalidad y la barbarie: la masacre de Putis (1984), donde más de 120 campesinos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes por militares; o las desapariciones en la universidad La Cantuta (1992), bajo el régimen de Alberto Fujimori. Estas prácticas sistemáticas buscaron eliminar sospechosos de colaboración con la subversión, pero afectaron mayoritariamente a civiles inocentes.

La CVR enfatizó que el conflicto reveló "brechas y desencuentros profundos" en la sociedad peruana, exacerbadas por el racismo estructural y la indiferencia de las élites urbanas hacia el sufrimiento rural.

Las desapariciones forzadas: Un crimen que persiste en la memoria

Las desapariciones forzadas constituyeron una estrategia central tanto del Estado como de los grupos subversivos. Según el Informe Final los agentes estatales fueron responsables de la mayoría de estos casos, especialmente entre 1983 y 1992, durante la militarización de las zonas de emergencia.

El modus operandi típico involucraba detenciones nocturnas en comunidades rurales, traslados a bases militares y posterior negación de la detención. Muchas víctimas fueron torturadas y ejecutadas y sus cuerpos ocultados en fosas clandestinas. El PCP-SL, por su parte, practicó secuestros y "juicios populares" que terminaban en ejecuciones y entierros anónimos aunque SL no enterraba a sus vícitmas para infundir terror en la población a la que quería someter.

La CVR documentó que las desapariciones generaron un impacto psicosocial profundo: familias fragmentadas, viudez masiva, orfandad y desplazamiento forzado. El 40% de las víctimas eran jefes de hogar, dejando a comunidades enteras en vulnerabilidad económica. Además, el estigma de "terrorista" recayó sobre muchos familiares, impidiéndoles buscar justicia durante años. Organizaciones como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), fundada en 1983 en Ayacucho por madres como Angélica Mendoza ("Mamá Angélica"), jugaron un rol clave en visibilizar el problema. Sus marchas y demandas presionaron por la creación de la CVR.

Hasta la fecha, se estima que permanecen desaparecidas entre 15,000 y 20,000 personas del periodo del Conflicto Armado Interno (CAI), según actualizaciones del Registro Único de Víctimas (RUV) y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD).

Avances en reparaciones: Del Plan Integral a la realidad (2010-2025)

La CVR recomendó un Plan Integral de Reparaciones (PIR) para resarcir a las víctimas en dimensiones simbólicas, económicas, educativas, de salud y restitutivas. En 2005, el Congreso aprobó la Ley 28592, creando el PIR y el Consejo de Reparaciones para elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV).

En los últimos 15 años, se han registrado progresos significativos, aunque desiguales. Hagamos una revisión:

-Registro Único de Víctimas (RUV): Hasta 2025, el RUV ha acreditado más de 249,535 víctimas individuales y colectivas (228,021 individuales, incluyendo comunidades y organizaciones de desplazados). De ellas, alrededor de 142,662 son víctimas directas y 85,908 familiares de fallecidos o desaparecidos. El Consejo de Reparaciones ha realizado campañas itinerantes, atendiendo miles de solicitudes en zonas remotas.

-Reparaciones económicas: El programa más avanzado. Se han entregado pagos de 10,000 soles por víctima, distribuidos entre familiares en casos de fallecidos y/o desaparecidos. Hasta 2021, se alcanzó un 98.85% de cobertura; para 2025, se reportan más de 85,954 beneficiarios directos, incluyendo familiares de desaparecidos y víctimas de violencia sexual o discapacidad.

-Reparaciones colectivas: Más de 2,620 comunidades han recibido proyectos de infraestructura como escuelas, centros de salud o electrificación. Sin embargo, críticas persisten por su vinculación a programas antipobreza generales, diluyendo su carácter reparador.

-Educación: A través del Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (REBRED) y programas como Repared -integrado en Beca 18-, miles de hijos y nietos de víctimas acceden a becas y exoneraciones. En 2024, se aprobó el Plan de Reparaciones en Educación al 2026.

-Salud: Incorporación automática al Seguro Integral de Salud (SIS) y atención en salud mental, aunque  ha sido insuficiente en regiones rurales.

-Búsqueda de desaparecidos: La Ley 30470, del 2016, marcó un giro humanitario, creando la Dirección General de Búsqueda de Persoanas Desaparecidas (DGBPD) en 2018 con un banco genético de ADN. El Plan Nacional de Búsqueda al 2030 coordina esfuerzos interinstitucionales. Los avances incluyen exhumaciones en sitios como Putis y entrega digna de restos, pero solo una fracción minúscula de fosas ha sido investigada. Entre 2020-2025, se reportan recuperaciones modestas, con énfasis en identificación forense.

-Reparaciones simbólicas: Creación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y exposiciones como Yuyanapaq. Sin embargo, retrocesos recientes incluyen intentos de control político sobre estos espacios.

Pese a estos avances, informes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones como Amnistía Internacional destacan lentitud: muchas familias de desaparecidos aún esperan identificación de restos, y la salud mental sigue desatendida. El enfoque ha sido más económico que integral, y persiste discriminación hacia víctimas indígenas.

Heridas abiertas en busca de cierre

A más de 25 años del fin del conflicto, las desapariciones siguen siendo una herida abierta. El Informe de la CVR iluminó la verdad, pero su implementación parcial refleja resistencias políticas y sociales. Los avances en reparaciones —especialmente económicas y registrales— representan un reconocimiento estatal histórico, beneficiando a cientos de miles. Sin embargo, la búsqueda efectiva de desaparecidos avanza lentamente, y miles de familias viven en incertidumbre.

El Perú debe fortalecer la DGBPD, garantizar reparaciones integrales y combatir el negacionismo que amenaza la memoria colectiva. Solo así se honrará a las víctimas y se construirá una reconciliación genuina. Las sombras de los desaparecidos exigen no sólo justicia, sino humanidad.