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La posición de los líderes indígenas de Latinoamérica que expresaron su profunda rebeldía por el irrespeto a sus derechos rechazaron unánimemente el voraz extractivismo en las zonas que habitan hace cientos de años. El punto de vista indígena se hizo escuchar durante el inicio -a finales de mayo- de una cumbre de etnias aborígenes en la aldea de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana.
Representantes de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y México, así como del clan saamaka de Surinam, integrado por descendientes de africanos traídos como esclavos a América, participaron en la reunión de tres días. "Estamos en resistencia, estamos en lucha permanente", expresó Daniel Santi, "kuraka" de la nacionalidad Sarayaku, anfitriona de la cita, y cuyo nombre significa “río de maíz” en kichwa.
"Todos los pueblos (nos) hemos unido para este proceso de trabajo efectivo en contra de este sistema que nos quiere devorar totalmente a los pueblos indígenas", agregó.
La explotación de petróleo y madera, la caza indiscriminada, la ampliación de las fronteras agrícolas y las colonizaciones forman parte del denominador común que afecta la biodiversidad de territorios indígenas en la región.
"Llevamos un proyecto político de autodeterminación, de gobernanza, pero también de lucha contra el extractivismo, contra la minería, contra las grandes forestales que hoy día siguen depredando nuestro territorio, secando nuestros ríos y nuestros bosques", declaró Simón Crisóstomo, geógrafo de 31 años que preside la Coordinadora de Comunidades Mapuche de Chile.
El cambio climático y el extractivismo azotan la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo compartida por ocho países. La minería ilegal en manos del crimen organizado también avanza sin medir la destrucción que deja la explotación de oro.
Una veintena de delegados, incluidos de los pueblos terena, de Brasil, y purépecha, de México, también debaten sobre incumplimientos de los estados a fallos internacionales en protección y defensa de los derechos aborígenes.
El pueblo sarayaku, con unos 1,800 miembros y dueño de 147.000 hectáreas en la provincia de Pastaza -fronteriza con Perú-, reclama por años al gobierno el retiro total de explosivos sembrados en su territorio por la Compañía General de Combustibles de Argentina.
En 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado a disculparse con los sarayaku por autorizar en 1996 sin su consentimiento actividades petroleras en sus territorios.
Los indígenas recibieron una compensación de 1,2 millones de dólares, según autoridades ecuatorianas. Pero no sólo las voces y las acciones contra la industria extractiva que depreda el bosque viene de espacios jurisdiccionales, también el Papa Francisco tuvo palabras importantes en defensa del bosque: «La Amazonía es un lugar representativo y decisivo (…) no podemos permitir que la globalización se convierta en un nuevo colonialismo. Es necesario indignarse y pedir perdón por las injusticias, y comprometernos en redes de solidaridad y desarrollo».
