La salud mental en el Perú suele ponerse en discusión cuando ya existe una crisis evidente. Sin embargo, el problema empieza mucho antes. Se instala en la vida diaria, en la calle, en la escuela, en el trabajo y en la familia. Se vuelve rutina. Y cuando el malestar se normaliza, deja de ser percibido como alarma. Ana María Guerrero, psicóloga, directora de Proyecto UMA y docente de la UARM, analiza este tema en la Revista Signos.
Esa costumbre de resistir sin apoyo también tiene costo. Afecta el sueño, la autoestima, los vínculos y la capacidad de reaccionar con criterio. Además, debilita la confianza social. En un país donde muchas personas viven en tensión permanente, la pregunta ya no es solo qué pasa con la salud mental, sino qué tipo de vida se ha vuelto tolerable.
Un caso reciente lo muestra con crudeza. En Huacho, un niño de 8 años murió tras el disparo de un policía durante la reducción de un mototaxista, según el relato base de esta reflexión. La escena expone algo más que un hecho policial. Muestra el colapso del cuidado, del juicio y de los límites institucionales. También revela una pregunta incómoda: ¿cuánta violencia se acepta antes de admitir que algo está mal?
¿Qué dice este caso sobre el país?
La muerte de un niño en medio de una intervención policial obliga a mirar más allá del episodio. No se trata solo de un error individual. También interroga sobre la formación de los agentes, los protocolos de intervención y la capacidad institucional para proteger a terceros. En ese sentido, el problema es ético, psicológico y político a la vez.
La lógica de la fuerza suele imponerse sobre la lógica del cuidado. Cuando eso ocurre, la vida civil queda expuesta a decisiones impulsivas o desproporcionadas. El Estado tiene el deber de cuidar la vida, pero ese deber requiere procedimientos, entrenamiento y supervisión. Si falta alguno de esos elementos, el riesgo se multiplica.
La propia escena muestra una falla de percepción. El niño estaba allí, pero no fue registrado como prioridad. Esa omisión no es menor. Habla de una cultura donde el conflicto absorbe toda la atención y borra la vulnerabilidad de quien debería ser protegido primero.
Según la Organización Panamericana de la Salud, la violencia es un problema de salud pública con efectos profundos sobre la salud mental. Y el Ministerio de Salud del Perú mantiene líneas de atención y una red de servicios comunitarios porque el problema existe y exige una respuesta sostenida.
¿Cómo se vuelve normal vivir mal?
Se vuelve normal cuando el sufrimiento se repite tanto que deja de sorprender. También cuando la precariedad, la desconfianza y la agresión se integran a la rutina. En ese contexto, muchas personas aprenden a sobrevivir en vez de vivir plenamente.
La normalización del malestar no ocurre solo por la pobreza material. También aparece por vínculos frágiles, instituciones débiles y violencia cotidiana. Una persona puede tener empleo y, aun así, vivir bajo presión constante. Puede estudiar y, al mismo tiempo, sentirse sin suelo emocional. Puede estar rodeada de gente y sentirse sola.
La salud mental no se limita a diagnosticar síntomas. También debe leer el entorno. Por eso, hablar de salud mental en el Perú implica observar la calle, el transporte, la escuela, el barrio y el trabajo. Allí es donde se producen las tensiones que desgastan, hieren y, muchas veces, no se nombran.
¿Está respondiendo el sistema de salud?
El Perú ha ampliado su modelo de salud mental comunitaria, pero el reto sigue siendo enorme. Según una nota de la Defensoría del Pueblo, en 2025 solo el 2,27% del presupuesto del sector Salud se destinó a salud mental, y para 2026 la cifra bajó a 1,9%. Esa brecha importa porque un servicio sin recursos suficientes no alcanza.
El Minsa informó que el país cuenta con 293 Centros de Salud Mental Comunitaria, además de hogares protegidos, unidades de hospitalización y equipos móviles. El avance es real, pero todavía no cubre la demanda ni resuelve las barreras culturales, económicas y territoriales.
La red existe, pero no basta con abrir servicios. También hacen falta profesionales, continuidad terapéutica, articulación con escuelas y familias, y una política pública que llegue antes de la crisis. Sin eso, la prevención se queda en el discurso.
¿Qué cambia si se mira lo social?
Ya no basta con hablar de trastornos individuales. Hay que mirar el contexto que los agrava. La pobreza, la impunidad y la violencia no explican todo, pero sí crean un terreno hostil para la salud mental. Y cuando ese terreno se vuelve cotidiano, la sociedad entera se acostumbra al desgaste.
El problema no es sólo clínico, también es cultural. Si una comunidad aprende que aguantar es una virtud y pedir ayuda es debilidad, muchas personas llegarán tarde al tratamiento. Si, además, el Estado responde tarde, el daño se profundiza. Por eso, la salud mental también significa justicia, prevención y cuidado colectivo.
La convivencia democrática necesita menos violencia y más límites. Necesita instituciones que protejan, familias que escuchen y espacios que reparen. En ese marco, la salud mental deja de ser un asunto privado. Se convierte en una condición básica para vivir con dignidad.
¿Qué señales no deben ignorarse?
- Cambios persistentes en el sueño o el apetito.
- Irritabilidad constante o sensación de vacío.
- Aislamiento social prolongado.
- Dificultad para concentrarse o trabajar.
- Ideas de desesperanza, daño o muerte.
- Consumo problemático de alcohol u otras sustancias.
- Cuando el malestar dura varias semanas y afecta la vida diaria.
- Cuando hay crisis intensas, violencia, duelo o ideas suicidas.
En Perú, el Minsa ofrece orientación gratuita a través de la línea 113, opción 5, disponible 24/7.
Nota escrita con información del artículo de la Revista Signos “Salud mental en el Perú o la normalización de vivir mal” por Ana María Guerrero, psicóloga, directora de Proyecto UMA y docente de la UARM.
Para más noticias, visita SignosMedia
