SignosMediaEl obispo de Huancavelica, monseñor Carlos Salcedo, expresó su solidaridad con las familias de los 5 jóvenes muertos en Colcabamba y pidió que se esclarezca el caso con prontitud. Su carta pastoral se suma a otros pronunciamientos que exigen verdad y justicia.
La tragedia ocurrió en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en una intervención militar que terminó con 5 fallecidos y 2 heridos. Desde entonces, las familias han cuestionado la versión inicial de las autoridades y han pedido que no se criminalice a los jóvenes sin pruebas sólidas.
En su carta pastoral, la Diócesis de Huancavelica señaló que el obispo conoció “los lamentables hechos” ocurridos en Colcabamba y decidió pronunciarse públicamente. El texto expresa solidaridad con los familiares de las víctimas y con la comunidad local, y rechaza toda forma de violencia que atente contra la vida y la dignidad humana.
El documento también pide una pronta actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial para descubrir la verdad. Además, exhorta a las Fuerzas Armadas a que identifiquen a quienes no actuaron conforme a la ley y a la vida, y que adopten medidas rápidas, severas y ejemplares. El mensaje insiste en que la respuesta institucional debe basarse en la justicia y la transparencia.
La carta agrega que, de determinarse responsabilidades, se debe considerar una reparación moral y económica para los familiares. Ese pedido coloca a las víctimas en el centro del debate y reconoce que el daño no termina con la investigación penal. También refleja una preocupación pastoral por el sufrimiento de comunidades rurales que suelen enfrentar más obstáculos para ser escuchadas.
La carta llega en un momento de alta sensibilidad pública. El caso ha generado indignación por las denuncias de los familiares, que sostienen que los jóvenes no iban armados ni participaban en una acción delictiva. A ello se suman cuestionamientos recientes sobre el testimonio de un sobreviviente, quien afirmó que su primera declaración habría sido dada bajo presión.
Mons. Salcedo, en línea con otros pronunciamientos eclesiales recientes, llamó a no normalizar la muerte de civiles ni la sospecha sin pruebas. Esa postura encaja con el marco de derechos humanos que exige investigar cualquier uso de la fuerza de forma rigurosa y proporcional. Cuando se habla de vidas jóvenes perdidas, la prioridad debe ser esclarecer, no cerrar el caso en falso.
La intervención militar ocurrió en una zona vinculada al corredor del Vraem, un espacio donde operan redes del narcotráfico y donde también vive población campesina que trabaja, estudia y se desplaza entre comunidades. Esa mezcla de riesgo real y vulnerabilidad social hace más delicado cualquier operativo con armas de fuego.
La Fiscalía investiga a militares y civiles implicados. Mientras tanto, las familias insisten en que la investigación debe reconstruir los hechos con pericias y sin prejuicios. El caso ya motivó pedidos de interpelación política y nuevas exigencias de explicaciones públicas.
La Fiscalía debe continuar con las pericias y diligencias para establecer responsabilidades individuales. El fondo del asunto es claro: si hubo un exceso, debe sancionarse; si hubo una actuación legítima, debe demostrarse con pruebas. Ninguna de las dos posibilidades puede resolverse con versiones incompletas.
También será clave que el Poder Judicial actúe con celeridad y que el proceso no se diluya por el paso del tiempo. En casos así, la demora suele afectar más a quienes menos recursos tienen para sostener una defensa. El caso de Colcabamba ya dejó de ser solo un hecho policial. Ahora es también una prueba para el Estado, para la justicia y para la forma en que el país protege a sus poblaciones más vulnerables.
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